La ley como fundamento de la ejecución penal y el artículo 2 de la Ley Penitenciaria Española

Resumo

El principio de legalidad y sus consecuencias forman parte indisoluble de la cultura jurídico-penal, a pesar de todas las crisis y dificultades que se ciernen sobre el mismo. Las exigencias de respeto a la libertad del ciudadano y de seguridad jurídico-penal del mismo se aplican en lo que concierne a la conducta delictiva, a la pena a ella vinculada, a la necesidad de proceso y a la forma de ejecución de la pena. En el ámbito el principio de legalidad se incluyen las garantías criminal, penal y jurisdiccional, a las que se suma la garantía penitenciaria o ejecutiva que se corresponde con la ejecución de las penas privativas de libertad por la Administración penitenciaria. La vigencia del principio de legalidad en el contexto de la ejecución de penas de prisión en primer lugar hace necesaria una norma con rango de ley que regule los aspectos fundamentales del cumplimiento de estas penas. Con ello se excluye la admisión de conductas arbitrarias en un ámbito especialmente sensible en el que se ponen en juego los derechos fundamentales de las personas, en ese momento privadas de libertad. Pero además la extensión del mencionado principio al sistema penitenciario reclama el respeto a los contenidos de la Ley en la ejecución de las penas que tiene encomendadas. En este contexto se realiza un análisis del art. 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria española y otras normas del sistema penal español así como de las consecuencias de la aplicación de los contenidos del principio de legalidad en materia penitenciaria.